Bogotá D.C., septiembre 27 de 2017 (Prensa Senado).– En su segunda jornada de discusión en comisiones primeras conjuntas, tanto el gobierno como los voceros de los partidos expusieron sus puntos de vista sobre el alcance y las falencias de los 161 artículos del proyecto de ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Inició el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien en ocho presimas resumió las acotaciones que tiene sobre la iniciativa en consideración.
Sostuvo que este proyecto se debe basar en la necesidad de que en esta fase el proyecto contribuya a consolidar una paz estable y duradera, no una paz en donde la transición, empiece un conflicto de naturaleza jurídico.
“Que se haga cumplir la predicción del acuerdo de paz, que dice que la JEP es una justicia transitoria y por lo tanto no conocerá de conductas que se cometan con posterioridad al acurdo final; los reinsertados a partir de la norma son ciudadanos ordinarios, todos los colombianos los acogeremos en la vida civil y democrática, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones”, aseguró el fiscal Martínez.
Así mismo recordó que en esta ley se están definiendo los linderos entre la JEP y la justicia ordinaria, “La JEP y la ley estatutaria no pueden abrigar formas ladinas que conduzcan a la impunidad, todos estamos de acuerdo que es un proceso transitorio en donde hay que preservar el sistema simétrico y equilibrado, que no puede extenderse indefinidamente”.
Aclaró el fiscal Martínez que “los activos que amasaron las Farc y sus testaferros tienen que revertir a favor del Estado para reparar a las víctimas del conflicto armado”.
Expuso sus preocupaciones sobre las definiciones de disidentes y la creación de una nueva categoría, de los desertores, y la eliminación de “una puerta giratoria, es decir que desmovilizados que entran y salen al régimen especial de transición, esto debe quedar prohibido en la ley estatutaria”.
Finalmente aseguró que “no habrá paz estable si vamos a darle dos tratamientos jurídicos diferentes a los actores del conflicto, uno para los reinsertados en la JEP y otro para los agentes del estado que financiaron el paramilitarismo en Justicia y Paz”.
A su turno el ministro del Interior Guillermo Rivera, puntualizó que este proyecto define claramente qué le compete a la Jep y que a la justicia ordinaria, “no hay duda de la competencia material de la JEP para conocer aquellos asuntos relacionados con el conflicto armado, nada que este por fuera de él, nada que no sea consecuencia del conflicto puede ser objeto de una competencia distinta”.
“Luego de ser aprobada esta ley vendremos con una ley de procedimiento, señalada en el Acto Legislativo No 01 que dice que una vez escogidos los magistrados de la JEP, elaborarán un proyecto de ley de procedimiento que entregaran al gobierno para traerlo al Congreso, es en ese proyecto en el que se definirán los procedimientos al interior de la JEP, de qué manera y en qué momento van a participar las víctimas del conflicto”, manifestó el jefe de la cartera del Interior.
Por su parte el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero resaltó las coincidencias con la Fiscalía General de la Nación, en relación a que no exista puerta giratoria, plena entrega de bienes y reparación a las víctimas.
Intervención de los voceros
En representación del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia se mostró en desacuerdo con los magistrados elegidos para integrar la JEP, “Estos jueces van es a administrar venganza de las Farc”.
Por su parte el senador Alfredo Rangel, aseguró que “La JEP es una jurisdicción paralela que no va a tener ningún control, una justicia sin límites, eterna y sin controles, en esta jurisdicción las víctimas no podrán apelar las resoluciones de la JEP, tan solo los victimarios”.
El senador Roy Barreras, como vocero del Partido de la U destacó el aspecto inusual de los testaferros, la idea de excluir de los beneficios a aquellas personas que habiéndose acogido al proceso de paz continúen delinquiendo”.
A su turno el senador Juan Manuel Galán, como vocero del Partido Liberal, destacó la falta de protección a las víctimas y a los líderes sociales “Los derechos de las víctimas no pueden ser letra muerta en los acuerdos de paz, tiene que traducirse en protección y participación, no invisibilizarlos y resumirlos en un término como ‘sujeto procesal’. Presentó dos proposiciones con relación a los derechos de las víctimas.
En representación del Centro Democrático, el senador Alexander López, manifestó la decisión de apoyar estas normas en discusión, “hemos entendido claramente la responsabilidad que tenemos al asumir este acuerdo tan importante para el país. Pero detectamos que no se incluyen los derechos de las víctimas, aquí hemos defendido puntos y comas del acuerdo y me preocupa que el centro del acuerdo que son las víctimas, sus los derechos a la participación, quedó al criterio de aquellos que van a administrar esta Justicia Especial para la paz”.
La senadora Claudia López resaltó su complacencia con la elección de magistrados de la JEP y sostuvo que “este proyecto trae unos vacíos preocupantes como el fraude a las víctimas de Colombia, les quita a las víctimas los derechos elementales, como que no van a poder interponer recursos ni apelar sentencias de la JEP, hemos radicado 26 proposiciones, casi la mitad tiene por objeto corregir el despropósito de desconocer a las víctimas”.
Para la senadora Viviane Morales, es necesario hacer un ajuste y un cambio para que las víctimas sean reconocidas y reparadas, “ porque han sido desconocidas en este acuerdo y no creo en ese poder desmesurado de la JEP, no hay límites en el tiempo ni competencias a los magistrados de esta jurisdicción”.
Por su parte el senador Manuel Enríquez Rosero resaltó que esta ley debe servirle sirva al gobierno al gobierno y a todos los colombianos, “me parece que hay que mirar las observaciones del fiscal, si no dejamos establecido cuál es la competencia de la JEP y la de la Justicia ordinaria, lo que se va a dar es un choque de trenes que tantas dificultades nos ha traído en el pasado. En el tema de las victimas también hay que revisar la legislación”
