– El proyecto establece un subsidio de apoyo para las víctimas igual a un salario mínimo legal vigente.
Bogotá, 4 de noviembre de 2015 (CD). Ante la Secretaría General de Senado, el Senador del Centro Democrático, Orlando Castañeda Serrano, radicó un proyecto de ley que busca la modificación del Artículo 5º de la Ley 1639 de 2013, donde se establecen medidas de protección a favor de las víctimas por ataques con ácido, para que a partir de esta iniciativa sean catalogadas como víctimas de Enfermedad Catastrófica, y así puedan recibir los beneficios establecidos en la Ley 972 de 2005.
Dentro de sus características, establece que a través del médico especialista tratante, las víctimas puedan acceder a insumos, procedimientos y tecnologías que el especialista requiera para su atención. Las EPS garantizarán al afiliado en menos de 24 horas todo lo solicitado por el especialista para su atención, esta puede variar enormemente el resultado positivo del tratamiento. Por ningún motivo la EPS podrá suspender el tratamiento, negar procedimientos, o retrasarlos.
Para el Senador Castañeda resulta alarmante que “de acuerdo a cifras suministradas por Medicina Legal, entre el año 2014 y finales de abril de 2015, 133 personas fueron atacadas con sustancias o agentes químicos corrosivos en la piel. De las cuales el 76% de las víctimas están entre los 18 a 59 años de edad, la edad más productiva y en relación a otras cifras son 271 víctimas”.
Por lo cual, esta iniciativa busca además, que Medicina Legal otorgue a estas víctimas una incapacidad inicial que corresponda al tiempo promedio que se pueda emplear en la recuperación y rehabilitación de un paciente en dichas condiciones, a fin de evitar en lo posible a la víctima, la pérdida de su empleo.
También afirma el Senador que se otorgará un subsidio equivalente a un salario mínimo de apoyo temporal, cuya duración será por cuatro meses prorrogables por única vez, con el fin de apoyar los traslados, alimentación y acceso a los servicios médicos, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en el proyecto; además si la víctima queda con incapacidad permanente será incluida en el plan de víctimas de conflicto.
El proyecto establece también, que el Gobierno Nacional se encargará de garantizar la capacitación del personal estatal que pueda tener contacto primario con una víctima de ataque con ácidos, a fin de darle la atención correspondiente, esto incluye al personal de la Policía, el Instituto Nacional de Medicina Legal, y el Ministerio de Salud se encargará de que los profesionales médicos de rotación de urgencias tengan capacitación permanente en las Unidades de Quemados principales del País, y conozcan el tratamiento inmediato a una persona atacada por sustancias o agentes químicos corrosivos. La iniciativa fue acompañada por la bancada de Congresistas del Centro Democrático.
