El jueves de esta semana mientras el Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, realizaba una alocución en el municipio de Leticia, en la que, entre otras cosas, trazaba línea de cómo salvar la selva Amazónica para el bien de la humanidad, le cayó encima la bandera de Colombia, lo que provocó en él una reacción natural de defensa, tratar de establecer lo sucedido y lanzar la exclamación: “Que no se me caiga Colombia”. La causa, un integrante de su esquema de seguridad se había desmayado y sin intención alguna, hizo que el mandatario suspendiera su discurso y se dispusiera a atenderlo. Un evento que fue registrado en medios de comunicación y redes sociales.
Son ya trece días desde su posesión y esta no es la única polémica que se ha desatado. La conformación de la cúpula militar, la denominada “paz completa” para adelantar diálogos con actores armados ilegales en conflicto con el Estado, así como anuncios como el de suspender las exploraciones de gas y de contemplar la posibilidad de importarlo desde Venezuela realizado por la Ministra de Minas y Energía.
Devolver el derecho a los trabajadores de recibir el recargo nocturno a partir de las 6 pm. y no desde las 10 noche como se determinó desde el año 2002, son controversiales. Sin embargo, hay una generadora de toda serie de resistencias: la reforma tributaria, por cuanto toca el bolsillo de personas y empresas, a su vez de desconfianza por la corrupción, la cual convierte los recursos públicos en lógicas de intereses mezquinos, fenómeno metastásico que podría oscilar entre 12 y 50 billones de pesos de acuerdo con lo plasmado en el programa de gobierno del señor Federico Gutiérrez, a cuyas cifras deben sumársele la elusión y evasión de impuestos, ejercidas principalmente por grandes empresas y lavadores de activos.
La reforma en cuestión había sido anunciada por la mayor parte de los candidatos a la primera magistratura, excepto por Rodolfo Hernández, quien, sin embargo, manifestaba la reducción de IVA y la aplicación de un impuesto a las más altas pensiones para reducir las obligaciones de estudiantes con ICETEX, lo que sin duda hubiese implicado una medida en el mismo sentido.
En este contexto, también es importante anotar que Colombia es un país difícil de gobernar debido a la violencia exacerbada, la creciente inseguridad, la impunidad por la paquidermia de los operadores judiciales, la pobreza que se proyecta en el 39,2% (Diario la República en cita a la CEPAL, 2022), con la posibilidad de una inflación de dos dígitos, el incremento de las tasas de interés decretadas por el Banco de la República, el endeudamiento interno y externo del Estado, el cual, según el Ministerio de Hacienda, asciende a $753,4 billones, el 57,2% del Producto Interno Bruto, es decir, más de la mitad de lo que se produce en bienes y servicios, y las exenciones otorgadas a grandes empresas que se calculan en $90 billones.
Lo cierto es que los problemas estructurales que padece la Nación se resuelven con recursos y estos se obtienen de impuestos, tasas y contribuciones de diferentes sectores poblacionales y empresariales. ¿Cuál es la fórmula? Es algo que deberá resolverse en los debates que se desarrollen en el Congreso de la República, los aportes de gremios y ciudadanos. En lo particular el Ministro José Antonio Ocampo es una persona con conocimiento en la materia, con declaraciones reposadas a favor del país, catalizador de impulsos ministeriales e inspirador de confianza para el sector productivo. Por lo pronto, mi deseo, como lo expresó el Presidente, es que Colombia no le caiga sin compasión a Petro en la cabeza.
